APRUEBA EL SENADO MEXICANO UN PAQUETE DE REFORMAS IMPULSADAS POR LÓPEZ OBRADOR

Entre las iniciativas votadas, se incluye la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como cambios a la Ley Minera y la llamada “ley antifentanilo”.

Durante la noche del 28 de abril y la madrugada del 29 de abril, la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados en el Senado le dieron un importante triunfo al presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobando numerosas iniciativas prioritarias en cuestión de minutos que el ejecutivo había impulsado y que la Cámara de Diputados ya había avalado días atrás.

Pese al rechazo de la oposición, que no se hizo presente en la Casona de Xicoténcatl, sede antigua del Senado donde los legisladores oficialistas debieron sesionar improvisadamente debido al bloqueo del resto de los partidos en el recinto moderno de la llamada cámara alta el día anterior, más 20 iniciativas y minutas fueron adoptadas por los parlamentarios, restando solo la firma de López Obrador en su condición de ejecutivo federal para su entrada en vigor.

Entre las principales reformas importantes aprobadas se encuentra la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que será absorbido por el servicio de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), creado oficialmente el año pasado a través de un decreto del presidente López Obrador.

Los senadores morenistas y sus aliados también avalaron la extinción del organismo público denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Las ayudas que entregaba, según establece la ley y en consonancia con otras iniciativas similares de la actual Administración, se darán ahora directamente a los beneficiarios, sin intermediación de los funcionarios del organismo estatal.

También se aprobó la eliminación de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), acusado en el texto legislativo —”bajo el supuesto fomento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación”— de transferir a manos privadas más de 45.000 millones de pesos mexicanos, que “en su mayoría eran grandes empresas nacionales y transnacionales que no requerían el apoyo del Estado”.

De esta manera, las distintas universidades, instituciones de educación superior y dependencias y organismos centrados en la la investigación científica y el desarrollo tecnológico quedarán al amparo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcti).

Otras de las reformas que fueron votadas por unanimidad fueron los cambios a la Ley Minera, que recorta de 100 a 80 años las concesiones a privados, facilita cancelar los permisos y prohíbe el otorgamiento de los mismos en zonas donde haya escasez de agua o en aéreas naturales protegidas.

Una de las iniciativas más comentadas en los últimos días, conocida popularmente como la “ley antifentanilo”, también se aprobó por unanimidad (66 votos a favor). La normativa modifica la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos con el objetivo de “facilitar el control de drogas”, según había explicado semanas atrás en conferencia de prensa el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, funcionario de la Secretaría de Salud federal.

La crisis de salud desatada en Estados Unidos por la adicción al fentanilo, un opioide recetado como analgésico que es hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina, ha provocado en las últimas semanas una fuerte tensión entre el Gobierno mexicano y legisladores estadounidenses, que responsabilizan a las autoridades del país latinoamericano de no perseguir a los grupos narcos encargados de su producción y tráfico.

La reforma establece que el ciudadano que desvíe o haga uso de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas será castigado por una pena de 10 a 15 años de cárcel y una multa equivalente al 10% de los ingresos obtenidos por tales actividades.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que no ha parado de acumular poder durante la presidencia de López Obrador, fue la mayor ganadora de la noche, al votarse la creación de una nueva aerolínea militar comercial que operará desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como también cambios que permiten a sus autoridades administrar puertos aéreos y ferroviarios.

Además, se aprobó la creación de una empresa paraestatal que será controlada por la misma Defensa para brindar servicios aeroportuarios, de turismo y cultura, a financiarse con el presupuesto obtenido por el derecho de no residente, una tasa que pagan los turistas extranjeros que ingresan a México por mar, aire o tierra.

Los morenistas y aliados también apoyaron cambios a la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, estableciendo que la Sedena podrá realizar tareas de vigilancia sobre vuelos que se realicen en territorio nacional, una posibilidad que había alarmado al Gobierno de EEUU, que había realizado inteligencia para establecer los motivos del presunto enfrentamiento entre la Secretaría de la Marina y la Sedena, según quedó reflejado en documentos filtrados del Pentágono a comienzos de abril.

Esto motivó que el Gobierno mexicano anunciara que solicitaría por vía diplomática una explicación a Estados Unidos sobre los presuntos casos de espionaje del Pentágono a instituciones de seguridad mexicanas.